La Troika desmantela el principio de seguridad de los depósitos bancarios

La crisis que nos ha tocado vivir permite que asistamos con expectación –y a veces incluso con estupor- a la quiebra de algunos de los principios más sólidos que creíamos asentados.

La reciente propuesta de la denominada Troika (UE + BCE + FMI) consistente en imponer una tasa a los depósitos bancarios chipriotas como condición sine qua non para el rescate es una auténtica revolución: el Eurogrupo exige la imposición de una tasa de 6,75% a los depósitos bancarios inferiores a los 100.000 euros y una tasa del 9,90% a los depósitos superiores.

Imponer arbitrariamente una tasa a los depósitos bancarios a un país como Chipre minando la confianza de los inversores internacionales supone además castigar duramente al sector financiero del país, principal motor económico del que hasta ahora era considerado un paraíso off-shore. Pero esta es sólo una lectura localista de las potenciales consecuencias.

Tras este paso subyace una segunda lectura de alcance global que invita a la reflexión sobre las consecuencias de esta decisión: la quiebra jurídico-psicológica del principio de seguridad, garantía e inviolabilidad de los depósitos bancarios.

En el imaginario del pequeño ahorrador no profesional sometido a los vaivenes de la tormenta financiera figuraban los depósitos bancarios como un activo financiero ausente de riesgo y garantizado como mínimo hasta los 100.000 euros por el Fondo de Garantía de Depósitos. Hasta la fecha, el pequeño ahorrador estaba dispuesto a renunciar a jugosas plusvalías con productos financieros de mayor riesgo potencial y depositaba confiado su dinero siguiendo una estrategia defensiva de preservación del patrimonio.

Por desgracia el pequeño ahorrador aprende economía y a desenvolverse en los mercados financieros a base de desengaños. El pequeño ahorrador se llevó una desagradable sorpresa con su inversión en sellos de Forum Filatélico/Afinsa y con los pagarés corporativos de Nueva Rumasa. Luego pensó que las acciones de compañías grandes eran una garantía para invertir su dinero y se llevó un susto con las acciones de Bankia, que salieron a 3,75 euros y hoy valen 0,25 euros, y con el escándalo de las preferentes. Se planteó la posibilidad de sacar sus ahorros y guardarlos bajo el colchón pero se aprobaron las limitaciones a las operaciones en efectivo amenazando con reducir el límite y comprobar la procedencia de cada céntimo. Decidió finalmente dejar de experimentar con productos financieros, ir a lo seguro y contratar depósitos bancarios que además ofrecían unas interesantes tasas de interés. Pero el Banco de España forzó la limitación de los tipos de interés de los depósitos a 1,75% a un año, lo cual supone que si tenemos un IPC de 2,7% el pequeño ahorrador está perdiendo dinero. Y el pequeño ahorrador acepta esta situación pensando que por lo menos mantendrá su capital inicial, aunque ahora resulta que lo depósitos bancarios no están tan garantizados por ningún fondo de garantía ante una decisión repentina de la Troika.

La percepción ciudadana sobre la propuesta de la Troika es que se trata de una decisión tomada en sábado a traición en un despacho de Bruselas cuando los bancos están cerrados para evitar que los depositantes puedan hacer retiradas masivas de dinero. Esta medida ha creado el temido “corralito” a la europea limitando las entidades chipriotas la retirada de fondos hasta nuevo aviso.

Se trata realmente de una medida peligrosa porque se presenta como una medida confiscatoria que penaliza injustamente al ahorrador, siembra desconfianza y da lugar una fuerte inseguridad jurídica en el seno de un país miembro de la Unión Europea con el posible riesgo de contagio. Esta medida ha provocado inmediatamente que la gente empiece a cuestionarse quién será el siguiente.

En los tiempos que corren es una auténtica irresponsabilidad puesto que atenta contra uno de los pilares fundamentales para la recuperación económica de la eurozona: la recuperación de la confianza de ahorradores e inversores. Esta decisión provoca miedo en el mercado y el miedo hace que adoptemos conductas irracionales, erráticas e imprevisibles.

¡Ningún pequeño ahorrador de la eurozona volverá a dormir tranquilo en una temporada!

Entra en vigor la ley de SOCIMIs

La reciente entrada en vigor de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMIs) publicada en el BOE núm. 259/2009 de 27 de octubre incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la figura de los Real Estate Investment Trusts (REITs).

Históricamente los REITs surgen en 1960 en Estados Unidos desde donde se  van extendiendo a otros países –en la actualidad más de 25- en los que no necesariamente comparten la misma nomenclatura; a modo de ejemplo: Fiscale Beleggings Instelligen en los Países Bajos, Listed Property Trusts en Australia (ahora A-REITs), Société d’Investissement à Capital Fixe Immobilière  (SICAFI) en Bélgica, Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées (SIIC) en Francia, Property Investment Funds en Reino Unido y las Immobilien-Aktiengesellschafen mit börsennotierten Anteilen  en Alemania.

Teniendo en cuenta los antecedentes normativos de nuestro entorno, el legislador español ha optado por configurar estas entidades como sociedades anónimas cotizadas –que como sociedades se regirán por la Ley de Sociedades Anónimas y como cotizadas por la Ley del Mercado de Valores supervisadas por la CNMV- sometidas a un régimen tributario muy ventajoso, cuyo objeto social consistirá, entre otros, en la inversión directa o indirecta en bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento, contando con un capital social mínimo de 15 millones de euros dividido en una única clase de acciones. Esta inversión directa o indirecta permite invertir también en otras SOCIMIs nacionales o extranjeras.

Las SOCIMIs deberán tener invertido al menos el 80% del valor del activo en bienes inmuebles de naturaleza urbana destinados al arrendamiento, estando asimismo obligadas a distribuir una gran parte de sus beneficios entre los accionistas que, según la procedencia de los mismos, será de al menos un 90%, un 50% o del 100%.

Por lo que respecta al régimen jurídico, si analizamos la regulación de los REITs que ofrecen otros países, las particularidades del modelo español resultan llamativas. En primer lugar no existe un límite de participación –el denominado 5/50 test, que supone que 5 o menos accionistas no puedan tener más de 50% de las acciones- ni un número mínimo de accionistas -el 100 shareholder test-. En segundo lugar, la ausencia de tributación a nivel societario y tributación efectiva en sede de socio característica de los REITs se articula en las SOCIMIs reduciendo el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades al 18% y eximiendo fiscalmente los dividendos percibidos por los socios. En cualquier caso queda pendiente ver el desarrollo reglamentario de la norma.

En cuanto a la oportunidad y utilidad de la presente Ley, cabe destacar que la intencionalidad y la orientación de la norma son positivas puesto que las SOCIMIs serán un vehículo que ofrecerá liquidez al inversor que quiera invertir en unos bienes que son por su naturaleza ilíquidos. Al profesionalizar la inversión en inmuebles mediante estas sociedades, así como por su sometimiento a la CNMV en tanto que cotizadas, se introducen criterios de gestión y de transparencia en un mercado necesitado de confianza. Aunque no solucionarán a corto plazo la crisis del sector inmobiliario podemos esperar al menos un incremento en la oferta de arrendamientos urbanos una vez empiece a cuajar el modelo propuesto y se conozcan las SOCIMIs.