Trámites electrónicos ante la Comisión Nacional de Competencia

Recientemente fui confrontado con la problemática de localizar alguna clase de modelo oficial -o al menos uno que siriviera como guía- para tramitar una notificación de concentraciones económicas ante la Comisión Nacional de Competencia.

El derecho de la competencia español sufrió en el 2007 un  cambio importante tras la promulgación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y su desarrollo reglamentario contenido en el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia. Entre otras modificaciones de menor calado, tal vez la más relevante haya sido la creación de la Comisión Nacional de Competencia como órgano supervisor “encargado de preservar, garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en los mercados en el ámbito nacional así como de velar por la aplicación coherente de la presente Ley mediante el ejercicio de las funciones que se le atribuyen en la misma“. Su página web, http://www.cncompetencia.es/,  resulta bastante útil porque además de normativa y presentación institucional, incorpora tanto informes como todo tipo de resoluciones de este órgano.

Antes de empezar a buscar modelos para presentar un escrito de notificación habrá que entender qué es una concentración económica para lo cual nos remitiremos al art. 7 de la Ley 15/2007 que establece que: 

A los efectos previstos en esta Ley se entenderá que se produce una concentración económica cuando tenga lugar un cambio estable del control de la totalidad o parte de una o varias empresas como consecuencia de:

  1. La fusión de dos o más empresas anteriormente independientes, o
  2. La adquisición por una empresa del control sobre la totalidad o parte de una o varias empresas.
  3. La creación de una empresa en participación y, en general, la adquisición del control conjunto sobre una o varias empresas, cuando éstas desempeñen de forma permanente las funciones de una entidad económica autónoma.

 Tras consultar numerosas fuentes (manuales de Derecho mercantil, bases de datos jurídicas y Google) la conclusión es que en realidad no existe un modelo o formulario extendido de notificación de concentraciones económicas ante la CNC. Por ello únicamente nos quedaría seguir los Anexos II y III del Reglamento de Competencia que contienen sendos formularios, ordinario y abreviado, para tramitar una notificación de concentración económica.

Aún así, ha sido grato encontrar la Sede Electrónica de la Comisión Nacional de Competencia cuya oferta para realizar trámites con certificado digital incluye -¡oh, sorpresa!- la presentación telemática tanto de la consulta previa sobre concentraciones económicas como la anhelada notificación de concentraciones económicas. La Sede Electrónica nos permitirá realizar cómodamente todos los trámites desde nuestro propio despacho porque ofrece un formulario detallado junto a las instrucciones de cumplimentación. Queda por destacar que no podremos acceder a la página del formulario si no contamos con un DNIe u otra certificación digital admitida. Aunque sólo queramos consultar el modelo propuesto por la Comisión Nacional de Competencia nos solicitará nuestro certificado. 

The new spanish Companies Act

Until 2010, the spanish legal system did not have a unique law to regulate corporations. The enactment of the Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital  supposed the repeal of the Corporations Act –Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas-, the Limited Liability Company Act –Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada-, the provisions related to limited partnerships with share capital from the Comercial Code and the Title X of the Securities Market Act regarding quoted companies. All these previous acts have beed restated in a single text which you may download here.

This new spanish companies act is the result of harmonising, regularising and clarifying all the previous acts. It now containes the general legal framework for this kind of institutions, except for the regulations governing structural modifications, which will remain under the also recent recent Companies Structural Modifications Act (Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles).

Although this act seems to bring major changes in the legal framework regarding spanish companies the reality is that only minor changes have been made. The law itself tells us that it’s just a provisional text while we are walking towards the spanish Corporations Code.

Please, feel free to contact me should you have any questions regarding spanish corporate laws!

Entra en vigor la nueva Ley de Sociedades de Capital

A la vuelta del verano, tras haber desconectado del mundo durante unas cortas vacaciones, muchos -especialmente aquellos a los que nos toca aplicarla y, todavía peor, explicarla a los alumnos- nos hemos visto sorprendidos por la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Las editoriales jurídicas deben de estar a pleno rendimiento, aunque a fecha de hoy aún no se ha publicado ningún código actualizado y tampoco se han retocado los temas correspondientes en los manuales básicos de Derecho Mercantil.

Esta disposición nace con una clara vocación de provisionalidad unificando las denominadas sociedades de capital bajo un mismo paraguas normativo, derogando expresamente las siguientes normas:

  • Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada
  • Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciebre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
  • Los artículos 151 a 157 del Código de Comercio relativos a la Sociedad Comanditaria por Acciones
  • Parte del Título X de la Ley del Mercado de Valores, relativo a las sociedades cotizadas

Así pues nos encontramos con una única norma para regular las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, las sociedades cotizadas y las poco comunes sociedades comanditarias por acciones, a excepción de las modificaciones estructurales, que seguirán regulándose por la también reciente Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Pero a pesar del sobresalto inicial, aún a falta de un estudio en mayor profundidad, hay que recalcar que el impacto en el régimen actual de estas sociedades ha sido mínimo.

A efectos de ampliar la información, se ofrecen los siguientes enlaces de lectura recomendada:

La extensión .SL

Desde el año 2008 se ha habilitado finalmente la posibilidad de registrar dominios con la extensión .SL, .COM.SL, .NET.SL, .ORG.SL y .EDU.SL. Se trata del ccTLD (country code Top Level Domain) de Sierra Leona gestionado por la empresa AFcom.

La cuota anual por dominio son 50$ anuales a los que habrá que sumar, cuando proceda, los suplementos de dominio de tres leras (250$) y registro privado (7$). Puede obtenerse información adicional en la página web oficial del ccTLD: https://www.nic.sl/.

El registro de dominios .ES ha crecido de manera exponencial desde el año 2005 tras la aprobación de la Orden Ministerial ITC/1542/2005, de 19 de mayo, por la que se aprueba el Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España (“.es”) o coloquialmente conocido como “Plan Nacional de Nombres de dominio”, que supuso una flexibilización del régimen anterior. Este crecimiento puede suponer que numerosas empresas -especialmente las sociedades limitadas que integran en la práctica la mayoría del tejido empresarial español- se hayan visto privadas del acceso a un domino que les resulte atractivo a efectos de posicionarse en Internet.

Existen diveros procedimientos para recuperar la legítima titularidad de un nombre de dominio aunque la imposibilidad de registrar el nombre de dominio también puede deberse a otros motivos no relacionados con la mala fe y los “ciberokupas”.

Por ello, entiendo que una solución barata y elegante al problema podría ser el empleo de la extensión .SL para registrar el nombre de nuestra empresa: barato porque evitaríamos un litigio y elegante porque a la denominación social le incluiríamos la forma. 

Los alemanes fueron pioneros con una experiencia similar y es relativamente fácil encontar en Internet páginas de empresas alemanas registradas bajo el ccTLD de Antigua y Barbuda .AG (que en su caso, también indicaba la forma social: AktienGesellschaft).

Más complicada veo la solución para nuestras sociedades anónimas que deseen una solución similar. En su caso, la extensión que les podría interesar se corresponde con ccTLD de Arabia Saudí .SA. Por desgracia las normas de registro de dominios en ese territorio son todavía demasiado estrictas para poder beneficiarnos con una solución análoga a la de Sierra Leona disponible para las sociedades limitadas.

La influencia de la geopolítica en las extensiones de los nombres de dominio

En los últimos años la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), el organismo internacional con sede en California encargado de velar por la estabilidad de Internet, ha ido aprobando la entrada en vigor de nuevas extensiones para destinarlas a un uso específico: .AERO, .MUSEUM, .COOP, .NAME, .PRO, .INFO, .JOBS, .MOBI, .TEL, .TRAVEL, .CAT, etc.

Algunas de las que hemos enumerado son menos conocidas que otras por su escasa aplicación práctica. Pero en cualquier caso, la curiosidad a la que haremos frente hoy, tratará de aquellas extensiones extintas, en fase de extinción o pendientes de asignación. En la mayoría de los casos dicha “extinción” -que no se ha podido llevar a la práctica en todas las ocasiones- obedece a razones de transformación geopolítica de algunos Estados.

Empecemos nuestro repaso:

1.) La extensión .SU

Extensión adjudicada para la hoy extinta Unión Soviética, toma sus siglas de su denominación anglosajona Soviet Union. Pese a la desintegración de la URSS y a varios intentos por parte de la ICANN para eliminarla del sistema de nombres de dominio, lo cierto es que la extensión sigue aceptando registros a través de RU-CENTER, entidad designada para la gestión de los dominios bajo la extensión .RU.

2.) La extensión .YU

En segundo lugar haremos referencia a la extensión .YU, adjudicada a la antigua Yugoslavia. Tras la guerra se siguió utilizando para Serbia y Montenegro desde 1994 hasta el 2010. En el año 2007 tanto Serbia como Montenegro accedieron sus propias extensiones, .RS y .ME respectivamente, dando comienzo a un proceso de transición que culminó en marzo de 2010 con la expiración del .YU.

3.) La extensión .DD

Posiblemente se trate de una de las extensiones menos conocidas. Concebida para República Democrática de Alemania, toma las letras de la extensión del nombre alemán de la misma: Deutsche Demokratische Republik. Debido al proceso de reunificación de Alemania en 1990, el .dd nunca llegó a implantarse.

4.) La extensión .ZR

Se trataba del ccTLD asignado a Zaire. Tras la Guerra del Congo y la victoria de Kabila frente a Mobutu, Zaire pasó de denominarse en 1997 República Democrática del Congo a la que se asignó la extensión .CD.

5.) La extensión .CS

Originariamente el ccTLD adjudicado a Checoslovaquia, tras la división del país en República Checa y Eslovaquia en 1993, dejó de utilizarse en 1995 dando paso a las actuales .CZ y .SK.

6.) La extensión .TP

Extensión empleada para el territorio de Timor Oriental durante su estatus como colonia portuguesa. Tras obtener la independecia la extensión pasó a ser .TL.

7.) La extensión .EH

Pendiente de implantación se trata de una extensión reservada para el disputado territorio del Sáhara Occidental.

8.) La extensión .GB

Aunque fue introducido coetáneamente a la extensión .UK para albergar páginas y servicios británicos nunca se llegó a popularizar como ésta. Actualmente no es posible registar nuevos dominios con la extensión .GB.

Cierto es que quedan algunas extensiones en el tintero (como por ejemplo .PM, .SJ, .SO, .YT, .BL, .MF, .BU, etc.), pero por su escasa incidencia y/o popularidad no han sido recogidas en esta lista.

De la desafortunada traducción al castellano del término private equity

Señalan Barthel y Alférez [vid. Barthel, D./Alférez, A., “El mercado del capital riesgo y private equity en España” en Álvarez Arjona, J. M. (dir.), Capital Riesgo (Private Equity). Aspectos Regulatorios, Mercantiles, Financieros, Fiscales y Laborales, Cizur Menor (Navarra), 2006, pág. 39] que la terminología empleada variará en función del mercado del que se esté hablando: mientras la industria anglosajona distingue venture capital y private equity, en España, el término capital-riesgo englobaría ambos tipos de inversión.

Por nuestra parte entendemos desafortunada la trasposición al castellano de la expresión private equity como capital-riesgo sumándonos a una creciente corriente doctrinal, entre otros:

  • Trias Sagnier sostiene que “capital riesgo es una traducción poco afortunada del término inglés venture capital” señalando que “este término suele utilizarse en sentido estricto para denominar las operaciones de financiación de nuevos proyectos empresariales” [vid. Trias Sagnier, M., “La importancia del capital riesgo para el desarrollo económico. Momento actual de la industria”, en Trias Sagnier, M. (coord.), Régimen jurídico y tributario del capital riesgo en España. Entidades y operaciones, Madrid, 2006, pág. 17]
  • Hernández Bengoa considera igualmente que “salvo la parte de la industria enfocada a la financiación de proyectos emergentes, no parece muy adecuado el uso de la acepción «riesgo» como rasgo definitorio de la actividad del private equity”  [vid. , Hernández Bengoa, A., “El capital riesgo en España”, en Trias Sagnier, M. (coord.), Régimen jurídico y tributario del capital riesgo en España. Entidades y operaciones, Madrid, 2006, pág. 34]
  • Álvarez Garrido expone que “el capital-riesgo sigue siendo un gran desconocido (…) tal vez sea por la desafortunada traducción del término venture capital, que en lugar de evocar los orígenes de empresas como Google, Apple y Microsoft, parece evocar un juego de azar” [vid. Álvarez Garrido, E., “El capital riesgo en España: evolución y retos”, en Perspectivas del Sistema Financiero, 2007, nº 89, pág. 1]

Los argumentos que podemos esgrimir para apoyar esta teoría son dos. En primer lugar, un mercado desarrollado impone a la fuerza la necesidad de diferenciar conceptualmente las operaciones realizadas sobre empresas de reciente creación o que se encuentran en un estado embrionario frente a las operaciones llevadas a cabo sobre empresas más maduras cuyos objetivos, requisitos y operativa serán muy diferentes.

Hemos comprobado que existe una dualidad de realidades, empresas en estado embrionario y empresas ya consolidadas, cuyas idénticas necesidades requieren un concepto que las englobe. Estas necesidades no son otras que la búsqueda de financiación por vías alternativas a las tradicionales.

Así las cosas, el término capital-riesgo podría evocar la sensación de que estamos ante una operación de venture capital o lo que en nuestra tradición conocemos por operación de capital-riesgo en sentido estricto, lo cual es erróneo.

En segundo lugar apelaremos al factor psicológico. Para los profanos en la materia, el término capital-riesgo puede inducir a error. Parece ser que transmite la idea que nuestro capital se encuentra en situación de riesgo, una idea no tan descabellada puesto que la primera acepción que propone el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española para la “voz” riesgo es “contingencia o proximidad de un daño. Comenta en ese sentido Trias Sagnier que la palabra “riesgo” sólo recoge el aspecto negativo del término anglosajón venture y no la acepción positiva [vid. Trias Sagnier, M., “La importancia del capital riesgo para el desarrollo económico. Momento actual de la industria”, en Trias Sagnier, M. (coord.), Régimen jurídico y tributario del capital riesgo en España. Entidades y operaciones, Madrid, 2006, pág. 18].

Este error es preocupante porque no toda operación de capital-riesgo supone, valga la redundancia, un riesgo. Teniendo en cuenta la situación económica actual, una situación en la que impera en los mercados la máxima aversión al riesgo, realizar un capital call o intentar captar recursos para un fondo de capital-riesgo puede convertirse en una tarea compleja.

Hasta la fecha nuestra industria ha venido intentando salvar esta compleja situación terminológica –respaldada incluso por la propia legislación- distinguiendo las operaciones de capital-riesgo en sentido estricto en empresas de reciente creación de las adquisiciones apalancadas sobre empresas consolidadas englobando ambas realidades bajo la desafortunada expresión capital-riesgo.

Pero nuestro cometido no sólo ha de consistir en criticar una realidad existente, sino ha de extenderse además a la propuesta de varias soluciones alternativas si optáramos por desechar el término “capital-riesgo”.

 Así pues, si consideramos la traslación al castellano de private equity, ¿qué soluciones podemos proponer?

En artículos posteriores se estudiarán distintas propuestas alternativas.

Salidas profesionales para licenciados y/o graduados en Derecho

A estas alturas del año académico es común ser abordado por algún alumno que pregunte sobre las salidas profesionales que le brinda la licenciatura -ahora grado- en Derecho. Dicho de forma más coloquial, ¿y ahora, qué hago?

Todo el mundo ha pasado en algún momento por esa especie de crisis existencial. Una situación que produce ansiedad, miedo e incertidumbre. El sentimiento es lógico puesto que será una época en la que nos enfrentemos a la toma de grandes decisiones sobre nuestro futuro profesional. Terminar la carrera es sólo un primer escalón -un escalón imprescindible- para continuar nuestro viaje.

Con el título en la mano las opciones disponibles pueden reconducirse a tres grandes grupos: sector público, sector privado y seguir estudiando.

1.) El sector público

La estabilidad del empleo siempre ha sido un bien altamente codiciado -sobre todo en épocas de turbulencia económica como la que nos ha tocado vivir- por lo que acceder a la función pública puede ser una de las salidas. A modo de ejemplo, pero no únicamente, Derecho nos permitirá opositar a: Inspección de Hacienda, Jueces y Fiscales, Abogacía del Estado, Inspección de Trabajo, Notarías, Registros, Inspección de Seguros, intervención del Banco de España, Secretaría Judicial, organismos internacionales y de la UE, carrera diplomática, etc.

Y esta enueración sólo hace refrencia a los funcionarios pertenecientes al grupo A, por lo que también cabría la posibilidad de intenarlo en el grupo B (opositando, por ejemplo, a Subinspector de Hacienda) o posteriores.

2.) El sector privado

Las posibilidades que brinda el sector privado a un licenciado en Derecho son múltiples. Se trata de una carrera polivalente por lo que el perfil del jurista puede casar en varios puestos de trabajo totalmente distintos. En cualquier caso, las clásicas salidas son la banca, administración de fincas, abogacía por cuenta propia o en gran despacho, procuraduría, asesoría jurídica de empresas (como abogado  in-house), etc.

En muchas ocasiones, aquellos que tienen vocación de abogado, quieren saber si es mejor trabajar como abogado por cuenta propia, en un despacho pequeño o en uno de los grandes. La respuesta a esta pregunta no es sencilla y dependerá tanto del perfil del futuro compañero como de sus aspiraciones que es complicado aconsejar genéricamente. Cualquiera de estas opciones, como todo, tienen sus pros y sus contras.

3.) Seguir estudiando

Decíamos antes que terminar la carrera sólo es un primer peldaño, por lo que seguir estudiando otra carrera, un máster o el doctorado se convierte en nuestra tercera opción.

Si se optara por estudiar otra carrera, las posibilidades son tantas como carreras disponibles. Entre las que suelen casar bien con Derecho contamos con Periodismo, Ciencias Políticas, Administración y Dirección de Empresas, Económicas, Criminología, Relaciones Internacionales y otras similares. No obstante, en ocasiones, estudiar una carrera que no tenga –a priori– nada que ver con el Derecho puede convertirse en una increible ventaja competitiva en el futuro. Sin duda, los perfiles más interesantes que he llegado a encontrarme son médicos licenciados en Derecho expertos en reclamaciones por deficiente asistencia sanitaria, arquitectos licenciados en Derecho expertos en vicios de la construcción e ingenieros licenciados en Derecho especializados en implantación de proyectos industriales a nivel internacional.

Hoy en día el mercado laboral suele preferir los perfiles de los aspirantes a un puesto de trabajo que cuenten con estudios de postgrado. En este caso las opciones también son tantas que dependerá del perfil y las aspiraciones del futuro estudiante de escuela de negocios. El único consejo que podemos aportar desde estas líneas es sobre la conveniencia de optar entre un máster más bien generalista frente a un máster más específico. Para los recién licenciados suele ser más interesante un máster que aporte conocimientos generalistas (ej. asesoría jurídica de empresas, derecho civil, etc.). En cuanto a los profesionales que ya lleven cierto tiempo en el mercado laboral y deseen ampliar su experiencia puede ser más interesante cursar un máster más específico. Si se puede realizar en el extranjero y complementarlos con una mejora en nuestro bagaje lingüístico, tanto mejor.

Finalmente, el doctorado se convierte en un paso previo para aquellos que hayan sentido la llamada vocacional de la docencia o simplemente quieran ampliar sus conocimientos teóricos en alguna materia. Hasta la última reforma el procedimiento era la superación de una serie de créditos (cursos y seminarios) y lectura de tesina para la obtención del D.E.A. (Diploma de Estudios Avanzados) antes de proceder a la fase de escritura de tesis propiamente dicha.  Actualmente el procedimiento consiste en superar un máster oficial y defender el trabajo de fin de máster antes de proceder a la lectura de la tesis. A pesar de ser complicado, es cierto que se trata de una labor perfectamente compatible con otra actividad.

¡Espero que este artículo haya sido de ayuda!

ACTUALIZACIÓN: Posiblemente también te resulte de interés conocer las Claves para el desarrollo de la carrera del profesional jurídico

El negocio jurídico

La obra El negocio jurídico de Federico de Castro y Bravo es un clásico que todo jurista debe tener a mano en su biblioteca personal. Y esta necesidad viene derivada de la erudición, concreción, claridad y agilidad literaria que destiló el profesor de Castro en cada una de sus líneas, conviertiéndola posiblemente en la mejor obra relacionada con esta materia.

Actualmente proliferan muchas monografías sobre todo tipos de cuestiones jurídicas concretas. Hoy ya no se estila descender a los conceptos básicos y no existe concepto más básico y esencial para cualquier estudioso del Derecho que el negocio jurídico.

La ausencia de trabajos centrados en los conceptos básicos puede deberse al desánimo que experimentan los autores para enfrentarse a estas cuestiones: posiblemente no lo hagan porque quede poco que añadir a lo que ya se ha escrito y, de haberlo, es probable que no sepan hacerlo mejor. Ciertamente no es una tarea sencilla el tratar los temas ya tratados por los grandes maestros, algo que iremos  apreciando cuanto más leamos y más escribamos.

Lo que queda claro es que todos debemos volver a la fuente, repasar esa base necesaria antes de abordar el estudio de lo concreto. Lamentablemente clásicos como éste difíciles de encontrar en nuestras librerías.

Baremo de daños corporales 2010

A principios de año conviene estar actualizados con las últimas novedades normativas y como todos los años la actualización del denominado baremo de daños corporales no podía faltar.

Recientemente se publicó la Resolución de 31 de enero de 2010, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2010 el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

Siempre conviene tener este documento a mano puesto que, en la práctica, su aplicación excede a la de las causas de responsabilidad civil por muerte, lesiones o incapacidades fruto de los accidentes de tráfico.

Entra en vigor la ley de SOCIMIs

La reciente entrada en vigor de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMIs) publicada en el BOE núm. 259/2009 de 27 de octubre incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la figura de los Real Estate Investment Trusts (REITs).

Históricamente los REITs surgen en 1960 en Estados Unidos desde donde se  van extendiendo a otros países –en la actualidad más de 25- en los que no necesariamente comparten la misma nomenclatura; a modo de ejemplo: Fiscale Beleggings Instelligen en los Países Bajos, Listed Property Trusts en Australia (ahora A-REITs), Société d’Investissement à Capital Fixe Immobilière  (SICAFI) en Bélgica, Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées (SIIC) en Francia, Property Investment Funds en Reino Unido y las Immobilien-Aktiengesellschafen mit börsennotierten Anteilen  en Alemania.

Teniendo en cuenta los antecedentes normativos de nuestro entorno, el legislador español ha optado por configurar estas entidades como sociedades anónimas cotizadas –que como sociedades se regirán por la Ley de Sociedades Anónimas y como cotizadas por la Ley del Mercado de Valores supervisadas por la CNMV- sometidas a un régimen tributario muy ventajoso, cuyo objeto social consistirá, entre otros, en la inversión directa o indirecta en bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento, contando con un capital social mínimo de 15 millones de euros dividido en una única clase de acciones. Esta inversión directa o indirecta permite invertir también en otras SOCIMIs nacionales o extranjeras.

Las SOCIMIs deberán tener invertido al menos el 80% del valor del activo en bienes inmuebles de naturaleza urbana destinados al arrendamiento, estando asimismo obligadas a distribuir una gran parte de sus beneficios entre los accionistas que, según la procedencia de los mismos, será de al menos un 90%, un 50% o del 100%.

Por lo que respecta al régimen jurídico, si analizamos la regulación de los REITs que ofrecen otros países, las particularidades del modelo español resultan llamativas. En primer lugar no existe un límite de participación –el denominado 5/50 test, que supone que 5 o menos accionistas no puedan tener más de 50% de las acciones- ni un número mínimo de accionistas -el 100 shareholder test-. En segundo lugar, la ausencia de tributación a nivel societario y tributación efectiva en sede de socio característica de los REITs se articula en las SOCIMIs reduciendo el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades al 18% y eximiendo fiscalmente los dividendos percibidos por los socios. En cualquier caso queda pendiente ver el desarrollo reglamentario de la norma.

En cuanto a la oportunidad y utilidad de la presente Ley, cabe destacar que la intencionalidad y la orientación de la norma son positivas puesto que las SOCIMIs serán un vehículo que ofrecerá liquidez al inversor que quiera invertir en unos bienes que son por su naturaleza ilíquidos. Al profesionalizar la inversión en inmuebles mediante estas sociedades, así como por su sometimiento a la CNMV en tanto que cotizadas, se introducen criterios de gestión y de transparencia en un mercado necesitado de confianza. Aunque no solucionarán a corto plazo la crisis del sector inmobiliario podemos esperar al menos un incremento en la oferta de arrendamientos urbanos una vez empiece a cuajar el modelo propuesto y se conozcan las SOCIMIs.