El principio de irrelevancia del nomen iuris

Con motivo de un trabajo de investigación que se va gestando sin prisa pero sin pausa me acordé de un antiguo principio que nos citó hace ya mucho tiempo un profesor durante la carrera.

Se trata del principio de irrelevancia del nomen iuris –también denominado principio de “primacía de la realidad”- que  significa que “las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son“.

Este principio jurídico ha sido extensamente estudiada en otros ámbitos del derecho y ha tenido numerosos reconocimientos jurisprudenciales. Hasta ahora su aplicación se ha dado predominantemente en los ámbitos fiscal y laboral.

En el ámbito fiscal su aplicación ha interesado sobre todo por parte de la Agencia Tributaria a efectos de evitar situaciones que incluso podríamos calificar de fraude de ley tributaria. El ejemplo típico que suele ponerse es el siguiente: dos partes acuerdan realizar una donación encubriéndola como un contrato de compraventa a efectos de reducir sus implicaciones fiscales. En esos supuestos suele ser sencillo destruir esa ficción puesto que cuando el precio reflejado en el contrato sea objetivamente inferior al que podemos considerar como precio real del bien en cuestión, deberá calificarse a todos los efectos -también tributarios- como donación un contrato que dice ser compraventa.

En el ámbito laboral también ha tenido una gran aceptación por parte de la jurisdicción social, aplicándose eminentemente a los supuestos de discernir si estamos o no ante una relación laboral entre el supuesto trabajador y el empresario. Es ampliamente conocida la práctica por parte de algunos empresarios poco escrupulosos de restringir los derechos y las complicaciones que puede tener la formalización de una relación laboral sometida a las disposiciones del derecho del trabajo. En algunos casos el empresario procurará ligar al trabajador a la empresa con cualesquiera instituciones reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico, menos con un contrato de trabajo. Normalmente se acudirá a figuras de derecho mercantil -como por ejemplo al contrato de agencia- para que el “falso autónomo” no goce de los beneficios derivados de un contrato de trabajo, a saber: prestación por desempleo, “dificultad” para ser despedido, vacaciones, etc. En todos esos casos la jurisprudencia ha sido unánime destruyendo la ficción creada por el empresario considerando la existencia de un contrato laboral cuando concurran sus caracteres, esto es que el trabajo sea ajeno, personal, dependiente, remunerado y voluntario.

En cualquier caso considero que no tenemos por qué restrigir su uso únicamente a esos dos ámbitos: el principio de irrelevancia del nomen iuris se puede hacer extensible tanto al ámbito civil como al mercantil sin mayor problema. Y esto último nos puede ser muy útil para delimitar los efectos de un determinado contrato sobre todo cuando exista divergencia entre regímenes en cuanto a derechos y obligaciones de las partes en los contratos tipificados. A modo de ejemplo y aunque se parezcan no serán lo mismo un contrato de comisión, un contrato de mediación o un contrato de agencia. 

Pero no tenemos por qué quedarnos únicamente en la aplicación del principio a los contratos típicos. Seguramente sea en el marco de los contratos atípicos donde más juego pueda darnos este principio. Concretamente tendemos a tener problemas en la introducción en nuestro tráfico jurídico de toda una serie de actos y tratos preparatorios o pre-contratos importados de la práctica anglosajona. En otras palabras, que un documento refleje que es una mera “Carta de Intenciones” no supone que su contenido carezca de carácter obligatorio.

En ese sentido intentaré abordar próximamente las diferencias entre “acuerdo” y “contrato”.