La responsabilidad penal de las personas jurídicas

Hasta la promulgación de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio -cuya entrada en vigor se ha decretado para finales de diciembre-, que viene a modificar nuestro Código Penal de 1995, regía el principio referido a la responsabilidad penal de las personas jurídicas societas delinquere non potest (las sociedades no pueden delinquir).  Y ahora, tras la mencionada modificación resulta ser que sí, que potest: se produce un reconocimiento expreso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en determinados delitos a través del nuevo art. 31 bis.

Esta modificación supone que las personas jurídicas, especialmente las sociedades mercantiles que parecen ser las principales destinatarias del precepto, podrán ser objeto de auténticas penas cuando los delitos sean cometidos en nombre y por cuenta de ésta y, en su provecho, por representantes legales o administradores de hecho o de derecho. También se les reconocerá responsabilidad penal cuando los empleados hayan cometido un delito y los responsables empresariales no hayan ejercido sobre ellos el control debido.

El catálogo de tipos delictivos aplicables a las personas jurídicas es exhaustivo e incluye, entre otros: la estafa, el cohecho, el blanqueo de capitales, delitos contra la Seguridad Social o la Hacienda Pública, delitos contra el medio ambiente, delitos urbanísticos, delitos contra la propiedad intelectual, etc.

¿Y qué opina un mercantilista sobre esta modificación? A priori, que se trata de una aberración jurídica.

 Una persona jurídica no es más que una asociación voluntaria de personas dirigida a la consecución de una finalidad común mediante la contribución de todos sus miembros. Se trata de una ficción jurídica creada por el hombre que responde a diversos motivos con una personalidad propia y un patrimonio autónomo separado de los de sus socios. Adquirida la personalidad jurídica, se convierte en sujeto de derechos y obligaciones.

Pero toda persona jurídica no puede actuar directamente por sí misma y requiere la asistencia de los principales órganos que la integran: el órgano soberano (llámese Junta General o Asamblea General) y el órgano de representación y gestión (llámese Junta Directa u órgano de Administración en sus distintas modalidades de configuración posible). Ese órgano soberano, Junta General o Asamblea General, es el encargado de expresar la voluntad social mediante el voto democrático por mayoría de las propuestas sometidas a deliberación. Por su parte, el órgano de representación y de gestión, ejecuta los acuerdos adoptados por el órgano soberano y representa a la persona jurídica tanto dentro como fuera de juicio.

Ambos órganos están compuestos por personas que dan vida y hacen actuar a la persona jurídica, pues en caso de no actuar, la persona jurídica se convertiría de una mera denominación inscrita en su correspondiente registro público. La suma de las voluntades individuales de las personas integrantes de los mencionados órganos es la que hace que la persona jurídica decida y actúe en consecuencia.

La teoría del delito establece que los elementos esenciales del mismo son, a saber: una acción, típica, antijurídica y culpable. La acción es la base sobre la que descansa toda la estructura del delito, pues sin acción no habrá delito y, como acabamos de comprobar, las personas jurídicas no pueden actuar si no es a través de las personas que las integren.

Otro punto a tener en consideración es el relativo al dolo, como intención de cometer la acción típica. El dolo es la voluntad consciente y no coaccionada de ejecutar u omitir un hecho lesivo y se compone por dos elementos: el elemento cognitivo (el conocimiento de realizar el delito) y el elemento volitivo (la voluntad  de realizar el delito). Y aquí, es donde vuelve a fallar la atribución de responsabilidad penal a las peronas jurídicas porque éstas, como ya se apuntó, carecen de voluntad propia que abarque dolo en sus actuaciones y sólo pueden expresar la de las personas que la integren. En todo caso la acción típica la ejecuta, escudándose tras nombre de la persona jurídica, una persona  física o un grupo de personas físicas y no la persona jurídica. Pero además, ¿cómo intentamos reinsertar en la sociedad a una persona jurídica que haya delinquido?

Establece la reforma que la responsabilidad penal de las personas jurídicas será independiente de la que puedan incurrir Administradores, Directivos, empleados, etc. Su exposición de motivos explica que el motivo de esta decisión es, entre otras, la dificultad de individualizar en algunos supuestos al autor o autores de una conducta criminal cuando se esconden tras el funcionamiento de una persona jurídica. ¿No les brindará esta reforma a los verdaderos responsables una forma de escudarse tras la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando sea complejo individualizar al culpable? Esperemos que no se llegue a aplicar ese tácito principio de “como es difícil encontrar al culpable, procedemos penalmente contra la empresa y ya tenemos culpable, ¡para qué seguir trabajando!”. Pero oiga, ¿y el verdadero culpable: ese autor material de los hechos, ese administrador corrupto, ese empleado negligente, etc.? ¿Realmente es tan difícil encontrar a la o las personas físicas que han operado desde una persona jurídica para cometer un delito para que tengamos que llegar a esta situación?

Una reforma anterior, la operada por la Ley Orgánica 15/2003, dio redacción al actual art. 129.1 CP sobre consecuencias accesorias, autorizando al juez, entre otras medidas, la clausura temporal o definitiva de la empresa, sus locales y establecimientos, la disolución de la persona jurídica, la suspensión de las actividades, etc. Fue éste un mecanismo, hoy por hoy todavía escasamente aplicado en la práctica, para poner en las manos del juez o tribunal los mecanismos necesarios para actuar contra aquellas personas jurídicas cuyo objeto o fin social de hecho sea el delito o que sean lesivas para el conjunto de la sociedad. Pero eran exactamente eso: consecuencias accesorias de posible aplicación a la persona física que comenta uno o varios delitos. ¿Por qué hemos tenido que ir más allá y reconocer directamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas?

Y ahora, a posteriori, tras haber deliberado brevemente sobre la cuestión, me sigue pareciendo un tremendo error conceptual. Sigo pensando, al igual que el barón inglés Thurlow, que las personas jurídicas “no tienen alma que salvar, ni cuerpo que encarcelar“. Esas inquietudes y preocupaciones han sido, son y seguirán siendo, siempre humanas.

3 pensamientos en “La responsabilidad penal de las personas jurídicas

  1. Yo creo que si que se debería actuar contra las personas físicas que se ocultan tras las sociedades, especialmente las SL, sobre todo para que no surjan casos como el mio… Mi jefe tiene tres empresas, todas con pagos pendientes a la SS, hacienda, etc… yo misma llevo 7 meses esperando el juicio que me libere de mi contrato laboral, meses que llevo sin percibir ni un euro ni en nominas ni en prestaciones, pues no soy desempleada… cuando salga el juicio me pagara FOGASA y él se ira de rositas, como siempre ha hecho….mientras ha chupado de subvenciones, etc…. ¿es justo eso? ¿es mas o menos “preocupante” que la corporeidad de la persona jurídica?

    • En primer lugar le agradezco su participación en el blog.

      Lamento mucho su complicada situación laboral con ese (ex)jefe pero no puedo entrar a valorar la situación sin tener más datos.

      Tal vez no haya conseguido expresarme adecuadamente en el artículo, pero lo cierto es que no abogo por una limitación de todas las responsabilidadas imputables a las personas jurídicas. Lo que he tratado de exponer es una crítica a la imputabilidad de delitos a las personas jurídicas: la persona jurídica es un mero instrumento, una ficción jurídica, sujeto de Derecho que no puede actuar por si misma. Son las personas físicas las que actúan y las que deciden lo que hace o deja de hacer la persona jurídica. Hablamos de derecho penal, no de derecho civil-mercantil. Nuestro ordenamiento jurídico proporciona toda una serie de mecanismos -tanto de responsabilidad civil como penal- para sancionar y resarcir de los daños producidos.

      A más abundamiento, nuestro Tribunal Supremo incorporó la doctrina del levantamiento del velo (STS de 28 de mayo de 1984) para destruir esta ficción jurídica y evitar que se abusara del principio de limitación de responsabilidad de las sociedades de capital. El fundamento 4º (por aquel entonces era “Considerando 4º”) de esa histórica sentencia ha sido reproducido en múltiples ocasiones y aplicado en muchísimos casos. Espero poder publicar en los próximos meses alguna entrada comentando esta interesante doctrina así como las críticas de su indiscriminada aplicación.

      No obstante, sin necesidad de recurrir a la doctrina del levantamiento del velo (el TS lo hace muy a menudo) existen otros mecanismos para “enganchar” a ese jefe escurridizo que siempre se va de rositas en el seno de la responsabilidad de los órganos de administración de las sociedades.

      Un saludo,

      Rafael

  2. Siento si había parecido excesivamente critica con su post, que por otro lado me había parecido extremadamente interesante, entendible incluso para los no versados en leyes, aunque en mi caso me haya dejado llevar por las emociones.

    Sin duda estaré al tanto para leer ese próximo post, que parece muy interesante.

    Un saludo

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